La minería con objetivos sostenibles consiste en: “desarrollar los recursos minerales y energéticos de un país, de manera que maximicen los beneficios económicos y sociales, al tiempo que minimizan los impactos ambientales”. Esta definición es del Gobierno de Australia, uno de los países más avanzados en la materia.
¿Qué impactos? En primer lugar, la emisión de gases de efecto invernadero debido al uso masivo de energía fósil. Según un informe de Weir Group, que recoge más de 40 estudios sectoriales, ese volumen alcanza el 3,5% de la energía global. También es un gran consumidor de recursos hídricos para los procesos industriales, incluido el transporte de roca pulverizada mezclada con agua en casos como la extracción de hierro. Amén de otras secuelas como la generación de residuos, la pérdida y degradación de terrenos, especialmente en explotaciones a cielo abierto, o los vertidos contaminantes en suelos y cauces.
Producir más, dañar menos
Las soluciones para reducir esta huella medioambiental llevan años en desarrollo, a mayor o menor ritmo en función de los diferentes países, y tienden a acelerarlas las presiones legislativas, sociales, de los mercados inversores y los grandes pactos climáticos. Su impulso se basa además en “el fuerte componente de renovación tecnológica en la minería del siglo XXI”, de acuerdo con el estudio ‘2021, Minería verde, oportunidades y desafíos’, de la organización chilena Alta Ley, enfocada a la modernización del sector.
“El desafío no se refiere a si hay que tener más o menos minería —apunta Alta Ley—. Es claro que un mundo sostenible requiere más, el desafío radica en el tipo de minería que necesitan regiones, países y el planeta. El desafío es cómo se producirán las toneladas de mineral necesarias”.
De esta forma, la organización expone un cierto contrasentido. Por un lado, parte de la opinión pública tiende a rechazar actividades que implican una intervención a gran escala en la naturaleza, pero, por otro, una explotación más intensiva es imprescindible para sostener la transición energética y los objetivos sostenibles.
Minerales en la transición sostenible
Así lo señalan el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de la Energía (AIE): los ingresos acumulados entre 1999 y 2018 por minerales estratégicos como el cobre —absolutamente clave en la electrificación global—, el litio —componente básico de las baterías—, el níquel y el cobalto rondaron los tres billones de dólares (millones de millones). Pero de 2021 a 2040 llegarán a unos 13 billones. Solo el litio pasaría de 18.000 millones de dólares de ingresos acumulados las dos pasadas décadas a casi 1,2 millones de millones en 2040.
Según la AIE, un coche eléctrico necesita hasta seis veces más cobre, litio, níquel, cobalto, manganeso, grafito, zinc y tierras raras que uno convencional. Y una central eólica, hasta nueve veces más, sobre todo cobre y zinc, que una de gas natural. La demanda de tierras raras, advierte la Unión Europea (UE), podría multiplicarse por diez de aquí a 2050.
Precisamente la UE financia el proyecto Greenpeg de minería avanzada para explorar de una forma menos invasiva y más eficiente nuevos depósitos de estos minerales, además de niobio y tántalo, los componentes del coltán imprescindible para fabricar ‘smartphones’, o el cuarzo puro que incorporan las células de los paneles solares.
“Esos metales están presentes sin que lo sepamos en miles de productos —explicaba en una entrevista Encarnación Roda-Robles, una de las investigadoras del proyecto—. Nadie quiere tener una mina cerca de casa y es algo un poco burgués: ‘A mí no me contamines, pero tráeme todo lo que necesite porque hace falta’”. Por lo tanto, según la experta, la minería que tiende a la sostenibilidad es estratégica hoy y lo será más en el futuro próximo. Una de los puntos para avanzar en ambos frentes, es decir, producir más e impactar menos, es la maduración tecnológica y científica del sector, por ejemplo en la extracción de minerales de fluidos atrapados bajo los volcanes inactivos, técnica que investiga la Universidad de Oxford.
Grandes retos, grandes soluciones
Los pasos de países productores para fomentar esa sostenibilidad apuntan los grandes retos y por tanto las soluciones prioritarias, por ejemplo la ‘Política Nacional Minera’ (PNM) chilena o la ‘Visión de la Minería en el Perú al 2030’, junto con otros programas adoptados por países productores como Canadá y Australia más los de las grandes compañías. Destacan la inversión en tecnología de eficiencia energética para reducir la huella de carbono en todos los procesos, la gestión eficiente de los recursos hídricos, medidas de economía circular para residuos como escorias y estériles. También mejorar la gobernanza: transferir más impuestos desde el sector a las administraciones locales, la comunicación fluida entre el Estado, las empresas privadas y las comunidades para impulsar programas de desarrollo socioeconómico alrededor, planes de contingencia, agilizar las normativas ad hoc o regularizar la minería ilegal.
Por su parte, la consultoría KPMG considera clave el respaldo ciudadano a los proyectos y por tanto una buena política de marketing sobre sus beneficios sostenibles. Recomienda “mejorar la productividad y por lo tanto reducir el impacto mediante innovación y digitalización de procesos”, la asociación de empresas para compartir riesgos y aumentar la capacidad de reducir daños, potenciar las políticas ESG —ambientales, sociales y de gobernanza— y extenderlas a las cadenas de suministro y de valor.
Medidas a pie de mina
Aterrizar esas líneas básicas implica, por ejemplo, implantar sistemas de medición de impacto ambiental para saber mejor dónde y cómo intervenir, y modernizar equipamientos y maquinarias con versiones más eficientes, desde excavadoras y cintas de transporte a molinos de triturado con rodillos de alta precisión, camiones y buldóceres o grupos electrógenos. Según Weir Group, mejorar un 5% la eficiencia energética de un proceso como el triturado podría ahorrar más de 30 millones de toneladas anuales de CO2 en una explotación media. Otras medidas pueden ser los contratos PPA (‘Power Purchase Agreement’) de electricidad renovable para asegurar un suministro fijo a largo plazo. Las maquinarias son voraces consumidoras de diésel que podría sustituirse por combustibles alternativos o con plantas renovables propias como las del proyecto sudafricano ‘Sunshine for mines’.
Otras estrategias son las técnicas avanzadas de geometalurgia para evaluar la idoneidad de los suelos y reducir el impacto de las explotaciones, recuperar residuos peligrosos como los sulfuros o el cianuro usado para obtener oro, reciclar el agua de los procesos industriales o rehabilitar paisajes y entornos naturales una vez cerradas las minas.
En este sentido, se han producido avances en los últimos años. Regiones como Europa han aprobado leyes medioambientales que han precipitado el cierre de explotaciones carboníferas y obligan a las compañías a depositar fianzas para asegurar la recuperación de terrenos. El ingeniero Francisco Aréchaga, autor de obras como ‘Vida sobre Estéril’ o ‘Riqueza Restaurada’, destaca algunas como las minas de lignito en la cuenca del Rin alemana, o la de As Pontes, en Galicia, España, que aplicó cubiertas vegetales sobre una gran escombrera y hoy es una de las zonas con mayor diversidad de vertebrados en la región. La rehabilitación transformó en un lago el gigantesco socavón dejado por la explotación abierta y realizó estudios sobre la composición química del agua para que fuese compatible con el entorno y el rellenado mediante cauces naturales.
Además de las certificaciones ambientales como la de AENOR, otros avances son las plantas para surtir agua marina y no recurrir a acuíferos, cauces o incluso glaciares como en el entorno de los Andes. Chile ya tiene más de diez operativas y varias más en construcción y estudio. Por ejemplo la que bombea agua a la mina de Cerro Negro Norte, a 81 kilómetros de la costa, que después de su uso industrial recupera y depura parte para riego de cultivos. También retorna la salmuera al mar.
Integración de las comunidades
Las empresas mineras pueden invertir en proyectos sociales beneficiosos para las poblaciones, por ejemplo la depuradora de aguas residuales La Enlozada, que surte agua potable y de riego a tres valles peruanos, o el pulmón forestal en Huarmey, .
Este aspecto es clave. Durante el desarrollo del PNM chileno, participaron algunos expertos como Paulina Riquelme, asesora en regulación ambiental, que consideró vital evolucionar el modelo de responsabilidad corporativa: “Los territorios donde las empresas van a explotar el recurso deberían ser parte del negocio y no solamente entidades beneficiadas por las mineras”. Para la abogada, la minería sostenible debe avanzar en el diseño conjunto de soluciones, sobre todo en los proyectos que generan conflictos, a partir “de los acuerdos territoriales, la validación y el carácter vinculante de las mesas de trabajo entre empresas, comunidades, municipios y los grupos de interés”.